
El uniforme no absuelve
Sobre la delgada línea entre cumplir una misión de seguridad pública y cometer un delito en México.
ESTADO Y NORMASENSAYODIEGO ISMAEL PÉREZ JUÁREZEDICIÓN NOVIEMBRE 2026
Diego Ismael Pérez Juárez
10/13/20269 min read
La delgada línea entre cumplir una misión y cometer un delito
Hay decisiones que deben tomarse en segundos, pero que pueden ser examinadas durante años. En una intervención de seguridad, un elemento puede disponer de apenas un instante para reaccionar ante una agresión; después, esa misma actuación puede ser revisada por mandos, autoridades ministeriales, jueces y organismos de derechos humanos. Lo que para quien intervino fue una decisión operativa, para el Derecho se convierte en una pregunta mucho más compleja, ¿actuó dentro de sus facultades o cruzó el límite que la ley establece?
En México, esta pregunta adquiere especial relevancia cuando integrantes de las Fuerzas Armadas participan en tareas de seguridad pública. Su formación, disciplina y estructura institucional tienen características propias; sin embargo, cuando ejercen funciones de seguridad, sus actuaciones no quedan fuera del orden constitucional ni del escrutinio jurídico. Hay una premisa que debe sostener cualquier análisis serio: el uniforme identifica una función, pero no concede inmunidad frente a la ley.
LA FUERZA PÚBLICA NO ES UNA AUTORIZACIÓN ILIMITADA
El Estado tiene la obligación de proteger a la población, prevenir delitos y preservar el orden público. Para cumplir esos fines, las instituciones de seguridad pueden recurrir al uso de la fuerza en los supuestos legalmente establecidos. Pero existe una diferencia fundamental entre tener facultades para intervenir y tener autorización para emplear cualquier medio.
La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza incluye expresamente a la Fuerza Armada permanente cuando actúa en tareas de seguridad pública. Por tanto, en ese ámbito, sus integrantes quedan sujetos a las reglas que regulan el empleo de la fuerza. La ley no distingue entre una intervención policial y una intervención militar para permitir arbitrariedades; fija principios comunes de legalidad, absoluta necesidad, prevención, proporcionalidad, rendición de cuentas, racionalidad y oportunidad.[1]
Estos principios no son palabras decorativas ni requisitos que deban revisarse únicamente después de un operativo. Funcionan como parámetros para valorar si la intervención perseguía un fin legítimo, si era indispensable recurrir a la fuerza y si el nivel empleado guardó relación con el riesgo y la resistencia enfrentados.
La fuerza pública, por tanto, no se justifica por la sola existencia de una orden, por la gravedad del contexto o por la pertenencia del agente a una institución armada. Su legitimidad depende de las circunstancias concretas y de la posibilidad de explicar jurídicamente cada decisión.
CUANDO UNA INTERVENCIÓN SE CONVIERTE EN UN PROBLEMA PENAL
Imaginemos una situación: durante un operativo, un integrante de una institución de seguridad intenta detener a una persona que se resiste. La intervención escala, se emplea fuerza física y la persona resulta lesionada. ¿Existe automáticamente un delito? No. ¿Significa que el elemento actuó legítimamente por encontrarse en servicio? Tampoco.
La respuesta exige reconstruir jurídicamente lo ocurrido. Es necesario conocer qué motivó la intervención, cuál era el nivel de resistencia, si existía una agresión real o inminente, qué alternativas estaban disponibles, qué medios se utilizaron y en qué momento cesó la necesidad de emplear la fuerza.
La legislación distingue niveles de resistencia y mecanismos de reacción. Esa clasificación impide tratar de la misma manera una negativa sin violencia y una conducta que representa un riesgo grave. También obliga a valorar si el medio empleado correspondía a la situación y si la intervención se detuvo cuando dejó de ser necesaria.[2]
Desde el Derecho penal, el análisis debe ir más allá del resultado. Que una persona haya sufrido lesiones —o incluso haya perdido la vida— no permite, por sí solo, concluir que el agente cometió un delito. Pero tampoco basta invocar el cumplimiento del deber para excluir cualquier responsabilidad. Deben examinarse la conducta individual, las circunstancias de ejecución, el elemento subjetivo que corresponda y, en su caso, los presupuestos de una causa de justificación.
La legítima defensa, el cumplimiento de un deber y el ejercicio de un derecho no son fórmulas automáticas. Su actualización depende de los requisitos previstos en la legislación penal aplicable y de los hechos que puedan acreditarse. El Derecho penal no debe castigar automáticamente a quien ejerce legítimamente una función de seguridad, pero tampoco puede convertirse en un espacio de protección para actuaciones arbitrarias.
LA DISCIPLINA MILITAR Y EL DEBER DE OBEDECER
En el ámbito castrense, la disciplina es esencial para la organización, coordinación y funcionamiento de las Fuerzas Armadas. La obediencia, la jerarquía y el cumplimiento de órdenes forman parte de su estructura institucional. Sin embargo, existe una cuestión que merece especial atención: ¿hasta dónde llega el deber de obedecer cuando una instrucción puede contravenir la ley?
La disciplina militar no puede interpretarse como autorización para ejecutar actos ilícitos. La existencia de una relación jerárquica no elimina la necesidad de examinar la legalidad de la conducta ni convierte al subordinado en una persona carente de responsabilidad jurídica. Del mismo modo, la responsabilidad no puede trasladarse automáticamente al superior por el solo hecho de ocupar una posición de mando.
En cada caso deben identificarse las atribuciones de quienes intervinieron, las órdenes emitidas, la conducta concreta de cada persona y los elementos que permitan determinar su responsabilidad. La jerarquía importa, pero no sustituye la prueba.
También es necesario distinguir tres planos: la responsabilidad disciplinaria, derivada del incumplimiento de deberes institucionales; la responsabilidad administrativa, cuando se actualizan los supuestos previstos en la legislación correspondiente; y la responsabilidad penal, que exige acreditar los elementos de un delito. Una misma conducta puede tener consecuencias en más de uno de estos ámbitos, pero sus fundamentos y procedimientos no deben confundirse.
La actuación de las instituciones de seguridad no termina cuando se controla una situación. En muchas ocasiones, el trabajo más delicado comienza después: preservar el lugar de los hechos, proteger indicios, informar al Ministerio Público, registrar una detención y garantizar la integridad de las personas bajo custodia.
El artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece obligaciones para la policía, entre ellas recibir denuncias, realizar detenciones en los casos autorizados por la Constitución, impedir que los delitos se consumen, preservar el lugar de los hechos, recolectar y resguardar objetos relacionados con la investigación, y emitir el informe policial correspondiente.[3]
Estas obligaciones permiten comprender que la función de seguridad pública no se limita a la intervención física. También comprende una actuación posterior que debe ser profesional, documentada y respetuosa de los derechos humanos. Una detención mal documentada, la alteración de indicios, la omisión de informar oportunamente al Ministerio Público o el empleo de fuerza cuando la persona ya se encuentra bajo control pueden comprometer una investigación y, según las circunstancias, generar responsabilidades.
Por eso, el conocimiento jurídico no debe aparecer únicamente cuando comienza una carpeta de investigación: debe acompañar la actuación desde el primer contacto con los hechos. El elemento que interviene debe conocer sus facultades, pero también sus límites.
LA JUSTICIA NO DEBE ELEGIR ENTRE PROTEGER AL AGENTE Y PROTEGER AL CIUDADANO
Con frecuencia, el debate público presenta dos posiciones como si fueran incompatibles: respaldar a quienes integran las instituciones de seguridad o exigir que se respeten los derechos humanos. Esa oposición es equivocada. Un Estado de Derecho debe proteger a la ciudadanía frente a la delincuencia y garantizar que quienes ejercen la fuerza pública actúen dentro de la ley.
Esto incluye proporcionar capacitación, protocolos claros, equipamiento adecuado, respaldo institucional y certeza jurídica a los agentes. También implica investigar de manera objetiva las actuaciones que puedan constituir abusos. La protección jurídica del personal de seguridad no consiste en justificar cualquier intervención, sino en garantizar que ninguna persona sea considerada responsable sin una investigación seria, una valoración individualizada de su conducta y el respeto al debido proceso.
La Suprema Corte ha señalado que el uso de la fuerza por cuerpos policiales debe examinarse a partir de su legalidad, necesidad y proporcionalidad. En otras palabras, no basta con que la autoridad persiga un objetivo legítimo: también debe justificar que la fuerza utilizada era necesaria y adecuada a las circunstancias.[4]
Desde mi perspectiva, quien conoce el ámbito militar y al mismo tiempo se forma en el Derecho tiene una responsabilidad particular: evitar los extremos. No se trata de defender una institución por encima de la ley ni de desconocer las condiciones en las que trabaja su personal. Se trata de comprender que la disciplina, la seguridad pública y los derechos humanos deben coexistir dentro de un mismo marco constitucional.
La preparación de un integrante de las Fuerzas Armadas no debe medirse únicamente por su capacidad física, táctica u operativa. También debe reconocerse su conocimiento del marco jurídico que regula sus funciones. De igual manera, la formación de un abogado que interviene en asuntos de seguridad pública no puede limitarse a estudiar los delitos en abstracto: necesita comprender cómo se desarrolla una intervención, qué obligaciones tiene el primer respondiente y qué circunstancias deben analizarse para determinar si una conducta fue legítima.
La fuerza puede ser necesaria para proteger una vida, detener una agresión o restablecer el orden. Pero, precisamente porque puede afectar derechos fundamentales, su ejercicio debe estar sujeto a reglas, controles y responsabilidades.
El uniforme merece respeto por la función que representa; la ley exige que ese respeto nunca se convierta en impunidad. Porque el verdadero profesionalismo no consiste solamente en saber cuándo intervenir, sino también en saber hasta dónde se puede llegar.
NOTAS
1. Arts. 1, 3, fracc. I, y 4, Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, Diario Oficial de la Federación, México, 27 de mayo de 2019, última reforma publicada el 24 de enero de 2024. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNUF.pdf (fecha de consulta: 2 de noviembre de 2026).
2. Arts. 6, 7, 9, 10, 11 y 12, Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, cit.
3. Art. 132, fraccs. I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y XIV, Código Nacional de Procedimientos Penales, Diario Oficial de la Federación, México, 5 de marzo de 2014, última reforma publicada el 28 de noviembre de 2025. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP.pdf (fecha de consulta: 2 de noviembre de 2026).
4. Tesis P. LII/2010, "Seguridad pública. Requisitos para que el ejercicio de la fuerza por parte de los cuerpos policiacos, como acto de autoridad restrictivo de derechos, cumpla con el criterio de razonabilidad", Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXXIII, enero de 2011, p. 66, registro digital 162989; tesis P. LIII/2010, "Seguridad pública. La razonabilidad en el uso de la fuerza por parte de los cuerpos policiacos exige la verificación de su legalidad", misma publicación, p. 61, registro digital 162994; y tesis P. LIV/2010, "Seguridad pública. La razonabilidad en el uso de la fuerza por parte de los cuerpos policiacos exige la verificación de su necesidad", misma publicación, p. 62, registro digital 162993. https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/ejecutoria/28400 (fecha de consulta: 2 de noviembre de 2026).
BIBLIOGRAFÍA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf (fecha de consulta: 2 de noviembre de 2026).
CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Diario Oficial de la Federación, México, 5 de marzo de 2014, última reforma publicada el 28 de noviembre de 2025. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP.pdf (fecha de consulta: 2 de noviembre de 2026).
LEY NACIONAL SOBRE EL USO DE LA FUERZA. Diario Oficial de la Federación, México, 27 de mayo de 2019, última reforma publicada el 24 de enero de 2024. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNUF.pdf (fecha de consulta: 2 de noviembre de 2026).
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, tesis P. LII/2010, "Seguridad pública. Requisitos para que el ejercicio de la fuerza por parte de los cuerpos policiacos, como acto de autoridad restrictivo de derechos, cumpla con el criterio de razonabilidad", Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXXIII, enero de 2011, p. 66, registro digital 162989.
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, tesis P. LIII/2010, "Seguridad pública. La razonabilidad en el uso de la fuerza por parte de los cuerpos policiacos exige la verificación de su legalidad", Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXXIII, enero de 2011, p. 61, registro digital 162994.
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, tesis P. LIV/2010, "Seguridad pública. La razonabilidad en el uso de la fuerza por parte de los cuerpos policiacos exige la verificación de su necesidad", Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXXIII, enero de 2011, p. 62, registro digital 162993.
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