¿Estamos interviniendo demasiado tarde?

Sobre la protección de la infancia en México y la necesidad de actuar antes de que exista un conflicto con la ley penal.

JUSTICIA SOCIALENSAYOESTRELLA GUADALUPE PÉREZ REYESEDICIÓN NOVIEMBRE 2026

Estrella Guadalupe Pérez Reyes

10/13/202610 min read

Los problemas que enfrenta nuestra sociedad golpean con fuerza a nuestras infancias y, cuando sus heridas quedan sin atender, el ciclo se repite: aquello que ayer las lastimó, mañana vuelve a golpear a nuestra sociedad

He llegado a la conclusión de que estamos enfrentando un proceso de deshumanización, y una de sus expresiones más dolorosas se encuentra en la manera en que vemos a nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Cuántas veces hemos caminado por las calles y hemos encontrado a niños en situación extrema, pidiendo dinero para subsistir, en el mejor de los casos? ¿En qué momento hemos llegado a normalizar tanto la desigualdad que podemos observar condiciones que vulneran a miles de niños, niñas y adolescentes, y aún así permanecer indiferentes, continuar con nuestro día a día y aceptar como parte de lo cotidiano aquello que debería indignarnos y movilizarnos como sociedad?

Uno de nuestros objetivos conjuntos debería ser cuestionarnos qué hemos hecho para evitar que esas circunstancias determinen el futuro de quienes las viven.

¿Por qué no actuar desde ese momento? ¿En qué momento dejamos no solamente de preocuparnos sino también de ocuparnos del futuro de nuestros niños y del lugar al que pueden verse condenados si nadie como sociedad interviene? ¿Por qué esperamos a que exista un conflicto con la ley penal para comenzar a prestarles atención?

Y entonces, en ese momento, nos convertimos en victimarios, en jueces implacables, en cuestionar la conducta de un adolescente que ha cometido un hecho y que al día de hoy se encuentra en conflicto con la ley penal.

Es aquí, cuando surge una contradicción difícil de ignorar: antes de cometer un delito, tanto el estado como la sociedad y la familia misma pueden desinteresarse de sus necesidades, después de cometido somos capaces de construir todo un sistema destinado a garantizar sus derechos. Y aunque esa protección es necesaria, también debemos preguntarnos si estamos actuando demasiado tarde.

Este escrito no pretende cuestionar la necesidad de un sistema especializado para adolescentes, sino al contrario, fue recibido el sistema con beneplácito, al existir ahora un sistema integral que permite garantizar en todos los sentidos los derechos del adolescente, el cual ahora existe, ahora tiene presencia, ahora, tiene opinión, cuando nunca antes había sido visibilizado. Debemos también preguntarnos si es suficiente intervenir cuando el conflicto con la ley ya ocurrió. Si el entorno influye en la conducta, ¿significa necesariamente que la determina? Y si conocemos los factores que pueden llevar a un adolescente a delinquir, ¿por qué no utilizamos ese conocimiento también para prevenir, proteger y actuar antes? Tal vez el verdadero problema no sea que tengamos un sistema para atender a los adolescentes que ya cometieron un delito, sino que colectivamente no nos hemos ocupado de nuestras infancias, que es el punto medular que hay que atender, no solo al interior de la familia, todos somos corresponsables de ello, como autoridades se tiene la obligación en la normativa interna e internacional de proporcionarles un entorno saludable en todos los sentidos y aunque se que puede parecer un idealismo, me queda claro que hay mucho por hacer.

Pero este sistema también me deja una convicción, hoy, con la entrada en vigor de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, las niñas, niños y adolescentes son reconocidos como sujetos de derechos, con presencia, opinión y derechos que deben ser respetados. Sin embargo, esto también nos obliga a preguntarnos qué hemos hecho y qué estamos haciendo antes de que un niño llegue a tener un conflicto con la ley penal. El Estado mexicano ha tenido una deuda con nuestras niñas, niños y adolescentes, y aunque el sistema representa un avance en la protección de sus derechos, todavía hay mucho por hacer para prevenir que esos derechos no sean vulnerados.

LA INFANCIA QUE VEMOS, PERO NO SIEMPRE RECONOCEMOS

Nuestra indiferencia para mí es uno de los padecimientos más graves de esta sociedad, es la causante de todos los problemas sociales a los que nos enfrentamos y se manifiesta en aquellas situaciones que hemos aprendido a observar sin detenernos a pensar en ellas y más allá de pensar en actuar. Basta con mirar a nuestro entorno para encontrar niñas y niños que piden dinero en las calles, que crecen en condiciones de necesidad o que se enfrentan a situaciones de violencia y abandono. Los vemos, pero ¿realmente nos detenemos a pensar en lo que significa crecer en esas circunstancias? Con el tiempo, algunas de estas realidades parecen formar parte de nuestro paisaje cotidiano y dejamos de cuestionarnos qué hay detrás de ellas, y si es que llegamos a empatizar nunca interferimos porque creemos que no somos competentes para hacerlo, que no podemos cambiar el mundo y que lamentablemente el mundo es así y siempre será así, expresado de otra manera asimilamos que las infancias tuvieran que adaptarse a las condiciones que les tocaron vivir y ni modo.

Parte del problema también se encuentra en la manera en que interpretamos las experiencias de los demás. Acostumbramos a juzgar desde lo que conocemos, desde la educación que recibimos, los límites que aprendimos y las oportunidades que nos proporcionaron. Si crecimos en un entorno relativamente sano, podemos llegar a pensar que las herramientas que nos ayudaron a comprender el mundo estuvieron disponibles para todos. Sin embargo, aunque nuestra experiencia tenga sus propias dificultades, no necesariamente representa la realidad de otras personas.

EL ENTORNO INFLUYE, PERO NO DETERMINA

La infancia es una etapa en la que adquirimos muchas de las herramientas que utilizaremos durante la vida. Cuando pensamos en lo que aprendemos durante esos años, solemos recordar los conocimientos adquiridos durante el trayecto de la educación básica como leer, escribir, resolver problemas o comprender diversas áreas de los campos normativos. Sin embargo, existen otros aprendizajes que no siempre reconocemos y que también influyen en nuestra manera de relacionarnos con el mundo. Aprendemos a expresar emociones, a establecer límites y a respetarlos, a resolver conflictos, a interpretar las reacciones de otras personas, a responder ante aquello que nos produce miedo, enojo o frustración, es decir aprendemos a sentir para existir en una sociedad que se sostiene de normas sociales.

Aprendemos a equilibrar el respeto a los derechos ajenos y la defensa de los propios.

Muchos de estos aprendizajes no ocurren mediante explicaciones directas ni complejas, muchas veces basta con observar nuestro entorno

Aprendemos observando, un niño mira cómo los adultos resuelven sus problemas, cómo se desenvuelven en su entorno y cómo es que se relacionan con otras personas.

Aprendemos escuchando, los niños escuchan las palabras, pero también perciben los gritos, los silencios, las amenazas y las muestras de afecto.

Con todo lo anteriormente expuesto no quiero que interpreten que es necesario que el infante tenga una vida libre de problemas porque precisamente ante las dificultades es donde existe una dualidad profunda, pueden ser el fallo o el tropiezo o por el contrario puede ser el escenario idóneo para orientar, la diferencia puede encontrarse en contar con alguien que nos escuche, que nos oriente, que nos ayude a reconocer cuándo nos equivocamos y que nos explique cómo reparar aquello que hicimos mal. Equivocarse forma parte de crecer; aprender de los errores requiere, muchas veces, acompañamiento y orientación para comprender emociones que todavía no sabe manejar como enojo, frustración, tristeza emociones difíciles o pensamientos negativos que no comprendemos del todo, ojo que tenerlos no nos convierte automáticamente en malas personas. Sin embargo, necesitamos aprender qué hacer con aquello que sentimos.

Por su parte la violencia, puede influir profundamente en la manera en que una persona percibe el mundo. Imaginemos que tuviéramos que sobrevivir en una selva rodeada de serpientes, animales peligrosos y amenazas constantes. Probablemente aprenderemos a mantenernos alerta, a identificar el peligro y a reaccionar para protegernos. Ahora pensemos en un niño que crece en un entorno donde las agresiones, los gritos o el miedo forman parte de su vida cotidiana. ¿Cómo podría influir esa experiencia en su manera de interpretar las situaciones y responder ante los conflictos? Tal vez aprenda a mantenerse a la defensiva o encuentre dificultades para confiar en los demás. Esto no significa que necesariamente se convertirá en una persona violenta, sino que su forma de reaccionar puede comprenderse mejor cuando conocemos las circunstancias en las que aprendió a desenvolverse.

Por su parte, la teoría ecológica del desarrollo humano de Urie Bronfenbrenner permite ampliar esta reflexión, al considerar que el desarrollo de una persona se relaciona con los distintos entornos en los que crece, desde sus vínculos familiares y escolares hasta las condiciones sociales que influyen en sus oportunidades (Pablo, 2015).

Esta teoría nos permite comprender que la infancia no se desarrolla de manera aislada. Las experiencias familiares, las relaciones con otras personas y las condiciones de la comunidad pueden influir en la manera en que un niño comprende el mundo y aprende a relacionarse con los demás. Y aunque creo que el entorno no determina por completo la conducta considero importante reconocer esta influencia

Partiendo de ello creo que si el entorno influye en la conducta, la prevención no debería ser señalar a los niños que podrían convertirse en delincuentes. Debería ser cómo reconocer sus necesidades y ofrecerles herramientas para afrontar las dificultades que viven.

Si sabemos que las experiencias, las relaciones y el entorno forman parte de nuestro desarrollo, entonces tenemos razones para preguntarnos qué estamos haciendo para que la infancia encuentre protección, orientación y oportunidades antes de que sus dificultades agraven sus situaciones

PROTEGER ES UNA OBLIGACIÓN, NO UNA REACCIÓN: ¿ESTAMOS ACTUANDO DEMASIADO TARDE?

En México existen normas que reconocen los derechos de niñas, niños y adolescentes y establecen obligaciones para procurar su protección y desarrollo. La Constitución, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Convención sobre los Derechos del Niño forman parte de este marco. Sin embargo, reconocer derechos en una norma no significa que estén siendo garantizados. El artículo 4.º constitucional establece que el interés superior de la niñez debe guiar las decisiones y acciones del Estado relacionadas con ella. Esto implica reconocer que sus derechos deben atenderse desde el presente, sin esperar a que exista un problema con la ley penal para intervenir ante situaciones de violencia, abandono o vulnerabilidad.

No obstante, la distancia entre el reconocimiento jurídico y la realidad no es solamente una percepción. De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2026), si bien la pobreza infantil descendió del 51.1 % en 2016 al 38.7 % en 2024, aproximadamente 14 millones de niñas, niños y adolescentes continúan viviendo en la pobreza, de los cuales 2.7 millones se encuentran en pobreza extrema. Esta desigualdad también afecta particularmente a la población indígena, pues el 82.3 % de quienes hablan alguna lengua indígena se encuentra en situación de pobreza.

Estas estadísticas no representan solamente números. Detrás de ellas se encuentran niñas y niños cuyo acceso a derechos como la alimentación, la educación, la salud y las condiciones de vida digna puede verse limitado. Las condiciones de violencia también evidencian la necesidad de fortalecer su protección. Según UNICEF, la tasa de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes pasó de 58.4 a 127.2 por cada 100 mil habitantes entre 2018 y 2023.

Por otra parte, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM, 2026), mediante información obtenida del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, registró 120,241 víctimas de delitos de entre cero y 17 años durante el periodo de enero a septiembre de 2026. Dentro de estos casos se identificaron 26,026 víctimas de violencia familiar y 25,899 de delitos sexuales; en este último grupo, el 85.7 % eran niñas y adolescentes mujeres. Asimismo, se contabilizaron 14,564 casos relacionados con el incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar y 194 víctimas de trata de personas.

Otra manifestación de esta brecha es el trabajo infantil. Según la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2025, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2025), alrededor de 3.5 millones de personas de entre cinco y 17 años se encontraban en esta situación, lo que equivale al 12.6 % de la población de ese rango de edad. Dentro de los indicadores se identificaron aproximadamente 1.8 millones de niñas, niños y adolescentes en ocupaciones no permitidas y 1.9 millones que realizaban tareas domésticas en condiciones no apropiadas. La incidencia alcanza el 24.9 % entre la población indígena de cinco a 17 años y el 15.7 % en las poblaciones menos urbanizadas. Además, entre quienes no asistían a la escuela, el 48.4 % se encontraba en situación de trabajo infantil.

Estos datos provienen de registros oficiales y no necesariamente representan la totalidad de los casos que ocurren. Desde mis propias vivencias y el contexto en el que me desarrollo, considero que existen muchas más víctimas de las que llegan a ser registradas. A pesar de ello, las cifras muestran que la violencia familiar, sexual y otras formas de abuso no son casos aislados y requieren atención urgente. Frente a estas realidades, surge una pregunta: ¿quién es el responsable de que la protección de la infancia sea efectiva?

La responsabilidad no recae en una sola persona o institución. La familia constituye uno de los primeros ámbitos de cuidado y orientación; la escuela contribuye al desarrollo y a la detección de necesidades; la comunidad influye en las relaciones y oportunidades disponibles; y las instituciones públicas tienen funciones específicas dentro de sus competencias. Esto se relaciona con la teoría ecológica del desarrollo, pues son diversos los contextos que influyen en el desarrollo de nuestras infancias. Por ello, también es necesario conocer los mecanismos existentes para proteger sus derechos.

Instituciones como el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) forman parte de los mecanismos públicos de asistencia, protección y coordinación de políticas para la infancia. Las autoridades educativas y los servicios de salud también desempeñan funciones importantes dentro de sus competencias. Sin embargo, no basta con mencionar estas instituciones: es necesario conocer sus atribuciones y las condiciones para que la protección llegue a quienes la necesitan.

Un ejemplo es la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, creada en 2015 y vinculada al Sistema Nacional DIF. Entre sus funciones se encuentran la atención a niñas, niños y adolescentes cuyos derechos han sido vulnerados, la representación jurídica y el acompañamiento psicológico y social, así como la coordinación con las procuradurías estatales y municipales.

A ello se suma el Protocolo Nacional de Coordinación Interinstitucional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia, aprobado en 2021 por el SIPINNA. Este instrumento establece pautas de actuación coordinada entre distintas autoridades. Contempla la detección y denuncia, la intervención de los servicios de urgencias, la atención inmediata por parte de las autoridades competentes y la elaboración posterior de un plan de restitución integral de derechos mediante equipos multidisciplinarios (SIPINNA, 2021).

Lo anterior demuestra que existen leyes, instituciones y procedimientos para intervenir cuando los derechos de la infancia son vulnerados. No obstante, debemos diferenciar entre la existencia de un mecanismo y su funcionamiento eficaz. Que exista un protocolo no permite conocer, por sí solo, cuántas veces se utiliza, cuánto tarda una respuesta, qué capacidad tienen las autoridades para atender los casos o cuántas restituciones de derechos se logran. La pregunta no es únicamente qué deben hacer las instituciones, sino si pueden hacerlo a tiempo y si sus intervenciones producen resultados reales.

No quiero decir con esto que todas las instituciones sean indiferentes ni que cualquier problema pueda solucionarse mediante una intervención institucional. Sin embargo, es importante preguntarnos si las respuestas disponibles son oportunas y adecuadas a las circunstancias de cada caso. Cuando una niña o un niño necesita orientación, atención especializada o protección ante una situación de violencia, lo importante es identificar esa necesidad y actuar conforme a las obligaciones correspondientes. La prevención requiere algo más que reconocer que existe un problema: implica preguntarnos qué se puede hacer para atenderlo y, más allá de reaccionar, actuar.

Proteger a la infancia tampoco significa esperar a que sus circunstancias se relacionen con un delito. Una niña o un niño que vive violencia necesita protección porque sus derechos están siendo afectados, no porque exista la posibilidad de que en el futuro tenga un problema con la ley penal. Situaciones como la explotación, la trata de personas o el reclutamiento de menores por grupos criminales evidencian la importancia de contar con mecanismos capaces de proteger a quienes pueden ser objeto de abuso o utilizados por otras personas. Esto no significa que toda infancia vulnerable vaya a terminar involucrada en ellas, pero sí demuestra que la protección no puede depender de lo que ocurra después.

La existencia de un sistema especializado de justicia para adolescentes constituye una parte importante del marco jurídico mexicano. La Constitución y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes reconocen un tratamiento legal específico para las personas adolescentes que tienen un conflicto con la ley penal. Sin embargo, reconocer la importancia de este sistema también nos permite preguntarnos qué ocurre antes de que sea necesaria su intervención.

La razón para escribir sobre este tema surge al observar a niños que me hablan de sus carencias con naturalidad, buscando sobrevivir en medio de adultos indiferentes que, en lugar de ayudarles, se benefician de sus circunstancias. Mientras tanto, cuando un adolescente entra en contacto con la justicia penal, existe un proceso especializado que hace visibles sus derechos y establece obligaciones específicas para las autoridades. Sin embargo, hay niñas, niños y adolescentes que, sin haber cometido delito alguno, continúan enfrentando hambre, abandono, violencia, explotación o falta de oportunidades, sin recibir necesariamente una respuesta oportuna que transforme sus condiciones de vida.

Quizá la pregunta no sea si el sistema de justicia para adolescentes debería existir, sino si estamos dando suficiente importancia a todo lo que tendría que ocurrir antes de que una persona llegue a él. La intervención legal puede ser necesaria cuando existe un conflicto con la ley penal, pero no sustituye las obligaciones de protección que deben cumplirse durante la infancia.

Tal vez no necesitamos comenzar preguntándonos qué otra ley hace falta crear, sino qué estamos haciendo con las que ya existen. La prevención no debería consistir en esperar a que las consecuencias de la desprotección se manifiesten en un conflicto con la ley penal, sino en garantizar que niñas, niños y adolescentes encuentren protección, alimentación, educación, atención y oportunidades sin tener que llegar a ese punto para ser vistos por el Estado.

Proteger es una obligación que comienza mucho antes de que la justicia penal tenga que intervenir, incluso cuando todavía no sabemos qué ocurrirá en el futuro.

BIBLIOGRAFÍA

Cámara de Diputados, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf (fecha de consulta: 8 de noviembre de 2026).

Cámara de Diputados, Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio//pdf/LGDNNA.pdf (fecha de consulta: 8 de noviembre de 2026).

Cámara de Diputados, Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNSIJPA.pdf (fecha de consulta: 8 de noviembre de 2026).

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Análisis de la situación de los derechos de niñas, niños y adolescentes en México 2018–2025, UNICEF, 2026. https://www.unicef.org/mexico/media/10121/file/analisis-situacion-ninez-adolescencia-mexico-unicef.pdf.pdf (fecha de consulta: 8 de noviembre de 2026).

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2025, INEGI, 2026. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2026/enti/ENTI2025_RR.pdf (fecha de consulta: 8 de noviembre de 2026).

Organización de las Naciones Unidas, Convención sobre los Derechos del Niño, 1989. https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child (fecha de consulta: 8 de noviembre de 2026).

Pablo, "La teoría ecológica de Urie Bronfenbrenner", Psicología y Mente, 2 de junio de 2015. https://psicologiaymente.com/desarrollo/teoria-ecologica-bronfenbrenner (fecha de consulta: 8 de noviembre de 2026).

Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Sistema Nacional DIF, s. https://www.gob.mx/difnacional/estructuras/procuraduria-federal-de-proteccion-de-ninas-ninos-y-adolescentes (fecha de consulta: 8 de noviembre de 2026).

Red por los Derechos de la Infancia en México, "Delitos contra niñas, niños y adolescentes en México (a septiembre de 2026)", 26 de octubre de 2026. https://blog.derechosinfancia.org.mx/2026/10/26/delitos-contra-ninas-ninos-y-adolescentes-en-mexico-a-septiembre-de-2026/ (fecha de consulta: 8 de noviembre de 2026).

Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Protocolo Nacional de Coordinación Interinstitucional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia, Acuerdo SIPINNA/02/VE/2021, 2021. https://www.gob.mx/sipinna/documentos/protocolo-nacional-de-coordinacion-interinstitucional-para-la-proteccion-de-ninas-ninos-y-adolescentes-victimas-de-violencia (fecha de consulta: 8 de noviembre de 2026).

ANEXOS

Declaratoria:

La portada fue generada bajo los estándares de la inteligencia artificial en concreto de la herramienta "Chat GPT", así como también se reconoce su contribución en el análisis estadístico, (únicamente ayudó a organizar los datos cuantitativos) provenientes de las tablas de información de UNICEF, REDIM, SIPINNA e INEGI del apartado "3.Proteger es una obligación no una reacción".