¿Juzgados por lo que fueron o valorados por lo que serán?

Sobre la reinserción social y las barreras que enfrentan quienes han cumplido su condena en México.

JUSTICIA SOCIALARTÍCULOMARITZA SALAZAR SOLORZANOEDICIÓN NOVIEMBRE 2026

Maritza Salazar Solorzano

10/13/20265 min read

EL DÍA DESPUÉS DE LA CONDENA: LA LIBERTAD ABANDONADA Y EL RETO DE LA REINSERCIÓN EN MÉXICO

Cuando alguien cumple su condena en México, se concede su libertad, el Estado suele dar por finalizada su tarea. Pero no: en México se abre la celda, se firma boleta de salida y la persona cruza la puerta hacia la calle sin un futuro planeado ni preparación profesional. En el papel, este acto salda la deuda con la sociedad y devuelve la libertad; pero en la práctica, es un comienzo de abandono institucional que empuja a miles a los márgenes de la comunidad. Existe una grieta profunda en el sistema de justicia del país.

Mientras el debate público se centra casi siempre en endurecer penas o atender el hacinamiento en las cárceles, muy pocos se centran en estudiar y verificar lo que ocurre al día siguiente. Hasta hoy, no existe una política nacional firme —con presupuesto real y estructura suficiente— que acompañe el retorno a la vida comunitaria. Dejar a alguien en libertad sin un respaldo mínimo no es hacer justicia: es dejarlo expuesto al desamparo y al juicio constante por su pasado, pasando por alto su capacidad de rearmar su vida.

El marco normativo nacional e internacional es categórico respecto a esta obligación. El Artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [1] establece con claridad que el sistema penitenciario debe organizarse en torno al respeto a los derechos humanos, el trabajo, la educación, la salud y el deporte, pilares concebidos para lograr una reinserción efectiva. Asimismo, la Ley Nacional de Ejecución Penal [2] contempla la asistencia post-penitenciaria para brindar orientación social tras la salida. En el plano internacional, instrumentos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos [5] y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [6] reafirman que la privación de la libertad debe orientarse de forma prioritaria a la reforma y readaptación de la persona. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido con insistencia que la dignidad humana y la no discriminación aplican para cualquier individuo, al margen de su historial penal.

Pese a estos compromisos, la brecha entre la ley y la experiencia diaria es inmensa. Los apoyos al salir del centro penitenciario son escasos e invisibles: funcionan con recursos insuficientes, personal escaso y sin cobertura nacional. Al final, la responsabilidad del Estado se disuelve en cuanto la persona cruza el portón, dejándola sin vivienda segura, sin acompañamiento emocional para superar el encierro y sin apoyo para rehacer su camino.

EL COSTO DEL DESAMPARO EN CIFRAS Y LA BARRERA DE LOS ANTECEDENTES NO PENALES

Las estadísticas oficiales reflejan los límites de este esquema. Según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía [3], cerca del 23% de las personas recluidas en México han estado en prisión anteriormente. Esto implica que casi uno de cada cuatro individuos liberados vuelve a ingresar al sistema penitenciario. Más que respaldar la noción de que las personas no cambian, estos datos confirman la falta de alternativas reales. Cifras del propio INEGI muestran que más del 76% de la población privada de la libertad no concluyó la educación básica. Al salir al entorno laboral sin capacitaciones ni acompañamiento para reincorporarse, la gente encuentra barreras casi insuperables para salir adelante de forma legal.

Uno de los frenos más constantes para conseguir empleo es la exigencia de la carta de antecedentes no penales. En la práctica, tanto empleadores privados como públicos la usan como un filtro de exclusión. Sobre este punto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación [4] determinó que pedir este requisito de forma indiscriminada viola la Constitución y promueve la discriminación. El tribunal dejó en claro que exigir este documento para puestos donde no es estrictamente indispensable atenta contra el derecho al trabajo y anula el sentido de la reinserción. Aun así, muchas empresas mantienen esta exigencia. Al cerrarle el acceso al trabajo formal a quien ya pagó su condena, se le acortan los caminos, forzándole en muchos casos a la precariedad de la informalidad o a reincidir por falta de opciones.

MÁS ALLÁ DEL JUICIO: EL VALOR DE LAS SEGUNDAS OPORTUNIDADES Y LA RENTABILIDAD SOCIAL

Haber estado frente a un tribunal o haber cumplido una condena en prisión no define la calidad moral de un ser humano ni lo convierte intrínsecamente en una «mala persona». El error no debe transformarse en una sentencia permanente. Todas las personas, sin excepción, merecen la oportunidad de escribir un nuevo capítulo, de reconstruir su proyecto de vida y de aspirar legítimamente al éxito y al bienestar de sus familias.

Para que la reinserción sea una realidad tangible, la sociedad civil y el sector empresarial deben asumir un rol activo y solidario. Abrir las puertas del empleo formal a quienes han cumplido su pena no es únicamente un acto de empatía, sino una decisión estratégica que rompe el estigma y devuelve la dignidad. La iniciativa privada tiene en sus manos el poder transformador de brindar la primera oportunidad laboral que evite el aislamiento y la desesperanza.

Desde una perspectiva presupuestaria y social, promover la empleabilidad de las personas egresadas del sistema penitenciario es considerablemente más eficiente para el Estado que sostener los elevados costos de la reclusión constante y la seguridad pública. Un esquema donde el Estado y la sociedad compartan la responsabilidad de integrar laboralmente a estas personas genera ciudadanos productivos, contribuyentes activos y comunidades más seguras, reduciendo drásticamente el gasto en encarcelamiento a largo plazo.

Para transformar esta realidad se requiere superar la lógica puramente asistencial y articular un Programa Nacional de Acompañamiento Post-penitenciario con líneas de acción bien definidas. En primer lugar, es indispensable construir una vinculación real con el sector productivo a través de estímulos fiscales y proyectos de responsabilidad social que incentiven a las empresas a contratar a personas liberadas, cambiando el prejuicio por empleo formal. A esto debe sumarse un acompañamiento social y psicológico continuo, donde profesionales de la psicología y el trabajo social den seguimiento durante los primeros 12 a 24 meses de libertad para facilitar la readaptación familiar y comunitaria. Por último, se debe garantizar una capacitación técnica pertinente desde el internamiento, asegurando que los talleres dentro de los penales cuenten con validez oficial (SEP o Secretaría del Trabajo) para que las personas egresen con herramientas alineadas con las demandas reales del mercado laboral.

DE LA SANCIÓN A UN ENFOQUE RESTAURATIVO

Una sociedad más segura no se construye incrementando el número de cárceles ni endureciendo las penas, sino integrando de manera digna a quienes han cumplido su condena. Limitar la reinserción al simple acto de abrir la puerta de un penal desatiende la responsabilidad colectiva sobre la seguridad y el bienestar social.

Es indispensable pasar de la sola sanción a un enfoque restaurativo. La pregunta de fondo para nuestra sociedad es simple: ¿vamos a seguir definiendo a las personas por sus faltas pasadas o les daremos el espacio para construir su futuro?

NOTAS

[1] Art. 18, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf (fecha de consulta: 4 de noviembre de 2026).

[2] Arts. 168-171, Ley Nacional de Ejecución Penal, Diario Oficial de la Federación, México, 16 de junio de 2016. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNEP.pdf (fecha de consulta: 4 de noviembre de 2026).

[3] Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021, México, INEGI, 2021. https://www.inegi.org.mx/programas/enpol/2021/ (fecha de consulta: 4 de noviembre de 2026).

[4] Tesis: Pleno, Acción de Inconstitucionalidad 111/2019, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, 2021. https://bj.scjn.gob.mx/ (fecha de consulta: 4 de noviembre de 2026).

[5] Organización de los Estados Americanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), San José, Costa Rica, 22 de noviembre de 1969. https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm (fecha de consulta: 4 de noviembre de 2026).

[6] Asamblea General de las Naciones Unidas, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 16 de diciembre de 1966. https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights (fecha de consulta: 4 de noviembre de 2026).

BIBLIOGRAFÍA

Asamblea General de las Naciones Unidas. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 16 de diciembre de 1966.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art. 18.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021, México, 2021.

Ley Nacional de Ejecución Penal. Diario Oficial de la Federación, México, 16 de junio de 2016.

Organización de los Estados Americanos. Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), San José, Costa Rica, 22 de noviembre de 1969.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acción de Inconstitucionalidad 111/2019, Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, 2021.

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