Reforma Judicial: Cuando el estrado se vuelve templete y la norma espectáculo

Una reflexión sobre la reforma judicial mexicana y la distancia entre el derecho que se enseña en las aulas y la forma en que la justicia se discute hoy como espectáculo público.

GOBIERNO, POLÍTICAS PÚBLICAS Y EL MUNDOENSAYOGIOVANNY TONATIHU RICO MUÑOZEDICIÓN NOVIEMBRE 2026

Giovanny Tonatihu Rico Muñoz

10/13/20269 min read

Durante los semestres iniciales de los estudios jurídicos, el derecho se nos enseña de una forma muy rígida, muchas veces presentado como un sistema lógico, muy parecido a la estructura de una pirámide que, en ocasiones, parece estar desconectado de la realidad. Nos encierran en bibliotecas con olor a papel viejo y madera barnizada para memorizar a Hans Kelsen y su concepción de la norma fundamental como cúspide del ordenamiento [1], analizar los precedentes jurídicos como si fueran especímenes de rana, preparados para un experimento de laboratorio con un aderezo que mezcla el análisis con terminología en latín, es una práctica que comienza sus raíces en una expectativa ingenua: la creencia de que la estructura real del Estado debería funcionar con la misma precisión rigurosa que la teoría pura. Pero la realidad es que estamos condicionados a venerar las normas jurídicas. Aunque la realidad mexicana como siempre, necia e incontrolable tiene una vocación crónica por desmantelar las pirámides teóricas. La reciente reforma constitucional al Poder Judicial [2] está lejos de ser una reforma más pasada a mano alzada, es un cambio estructural casi completo que redefinió la conexión entre la teoría académica y el ejercicio real del poder.

El ámbito tradicional de la profesión jurídica se encuentra atravesando un punto de cambio crítico e irreversible. El modelo de la «meritocracia», que durante mucho tiempo ha sido base esencial de las trayectorias en la carrera judicial, está empezando a desaparecer en su totalidad, a medida que surge una nueva generación de competencias profesionales en el campo del derecho. Los impulsores de esta reforma constitucional han buscado en sus palabras democratizar una forma de poder que, hasta ahora, se ejercía de manera aislada, ya fuera en el plano institucional o en el social. No obstante, ahora se necesita de un análisis riguroso de este cambio, que exige liberarse de la rigidez intelectual que deriva del apego a posturas y posiciones polarizadas. Más allá de los marcos de especialización técnica jurídica y de los textos legislativos, tanto la ciudadanía como los profesionales del derecho deben seguir de cerca el desarrollo de este proceso democrático y posterior, para asegurar que la promesa de una justicia cercana no se convierta en una simple contienda del poder.

I. LA CAÍDA DEL DOGMA: EL COSTO DE UNA JUSTICIA INACCESIBLE

Durante décadas, el Poder Judicial de México fue percibido por la opinión pública como una institución caracterizada por la rigidez, el distanciamiento y la parcialidad. Los jueces se mostraban con una «neutralidad política», la cual es esencial para mantener la imparcialidad, partiendo de la premisa de que sus decisiones estaban fuera del alcance del escrutinio público.

Se levantó una torre de marfil donde el operador jurídico olvidaba que la justicia es ante todo, una promesa viva y una exigencia de dignidad humana.

El sistema procesal se ha visto limitado por un exceso de formalismos y, con el paso del tiempo, se ha vuelto cada vez más complejo, lo que lo hace inaccesible para el público en general. Y cuando quienes buscan amparo legal necesitan un «intérprete» simplemente para comprender el funcionamiento del sistema judicial, este deja de ser un servicio público al alcance de todos y se convierte en algo exclusivo, similar a un privilegio particular. El descontento social mayoritario no nació de la nada; más bien, tiene su origen en la excesiva prolongación de los procedimientos judiciales y en una creciente sensación de distanciamiento de la ciudadanía respecto al sistema de justicia.

La narrativa política logró capitalizar ese malestar bajo la impactante premisa de que los jueces debían someterse al sufragio popular. No obstante, este argumento confunde la legitimidad de origen con la legitimidad de ejercicio [3]. Al intentar corregir el elitismo histórico mediante las modificaciones al diseño constitucional [2], el nuevo esquema expone a la impartición de justicia a dinámicas clientelares y de proselitismo en los tribunales.

II. EL MERCADO DE LA JUSTICIA: VOTOS, VETOS Y EL JUEZ EN CAMPAÑA

La elección directa y popular de jueces, magistrados y ministros, cuyo primer proceso electoral extraordinario se celebró el 1 de junio de 2025, con la posterior toma de protesta de los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en septiembre de ese mismo año [4]. Esto dio lugar al surgimiento de una reestructuración institucional que no tenía precedentes en este país. La teoría constitucional clásica advierte que el Poder Judicial debe actuar como contrapeso y guardián de la norma [5], y no como un actor que busque complacer las preferencias tendenciosas y temporales del electorado.

La introducción de una lógica electoral altera los incentivos asociados al desempeño de las funciones judiciales; durante las campañas electorales, los candidatos se ven obligados a ocuparse de cuestiones como la atención mediática, el acercamiento a nivel local y la movilización de apoyos; lo cual requiere de capital económico, transformando una necesidad en una herramienta que los poderes fácticos no dudarán en utilizar.

Puesto que un tribunal que busca aplausos, que legisla para la grada y que sentencia para no perder seguidores, es un tribunal que ha dejado de impartir justicia para empezar a impartir espectáculo. Y el espectáculo, a diferencia de la justicia, no requiere verdad, solo requiere drama.

En la práctica judicial, este cambio fundamental implica que ahora, al evaluar el fundamento de las impugnaciones de carácter técnico, los jueces deben tener en cuenta también el contexto político e institucional que existe en el momento que dictan sus resoluciones.

III. LA DIMENSIÓN TÉCNICA: CERTIDUMBRE ECONÓMICA Y ESTABILIDAD INSTITUCIONAL

El impacto de este cambio va mucho más allá del ámbito estrictamente judicial. Desde el análisis económico del derecho y general del país, la certeza jurídica constituye una variable determinante para la estabilidad del mercado, la inversión ya sea nacional o extranjera y el desarrollo económico [6]. Un cambio a gran escala en el personal profesional con formación especializada y años que lo respaldan da lugar, inevitablemente, a una «curva de aprendizaje» —un proceso mediante el cual una organización adquiere experiencia—, lo que a su vez, repercute en el tiempo que tarda el tribunal en conocer, tramitar y dictaminar los casos; con una probabilidad constante de truncar estos procesos.

Asimismo, los mecanismos de financiamiento y fiscalización de los procesos electorales representan un desafío crítico para prevenir riesgos de captura por parte de intereses privados o poderes fácticos [7]. En estas circunstancias, lo que deja en evidencia la importancia del rigor metodológico y del análisis especializado; esto resulta fundamental para evitar que el juicio de amparo que históricamente ha sido un mecanismo eficaz para supervisar la actuación de los órganos judiciales y proteger los derechos humanos fundamentales, se reduzca a una mera formalidad poética que solo queda en el papel.

IV. LA EROSIÓN INSTITUCIONAL: COMPETENCIA Y CONTRAPESOS

Analizar este nuevo modelo nos exige superar la falsa dicotomía entre una «defensa acrítica del pasado» y una «adhesión incuestionable al presente». Más allá de los desafíos propios del dominio de esta tecnología, existe un riesgo estructural más grave: su vulnerabilidad ante la interferencia de actores externos o grupos de poder que buscan ejercer su influencia sobre el terreno, ahora fértil, del Poder Judicial. Cuando las campañas judiciales y los procesos de selección conviven con vacíos de fiscalización rigurosa, se abre una vía sumamente peligrosa para la intervención de presiones externas: desde facciones partidistas hasta estructuras de gran poder económico que buscarán asegurar lealtades plurianuales a través de financiamientos opacos y de procedencia ilícita.

Cuando los acuerdos entre bastidores, las lealtades políticas o la inmensa presión ejercida por los aparatos institucionales —en favor de un candidato determinado— eclipsan la trayectoria jurídica y truncan las posibles cualidades profesionales de dicho candidato, el funcionamiento del poder judicial sufre un daño grave y serio. La independencia judicial no es una prerrogativa de los togados, sino una garantía elemental de los gobernados frente al arbitrio [8]. Un sistema judicial expuesto a la captura de poderes fácticos pierde por completo la capacidad de funcionar como un contrapeso auténtico, reduciendo la división de poderes a una mera formalidad teórica y dejando a la ciudadanía a merced de los intereses en turno.

V. LA RUPTURA GREMIAL: LA EXPULSIÓN DEL CONATRIB Y LA POLARIZACIÓN DE LA ABOGACÍA ORGANIZADA

La reestructuración del sistema judicial no se limitó al ámbito de los tribunales y juzgados; su profundo impacto se extendió también al terreno de las asociaciones profesionales internacionales. Un claro reflejo de este cisma fue la expulsión de la Comisión Nacional de Tribunales (CONATRIB) de la Unión Internacional de Magistrados (UIM), tras fijar una postura pública a favor de la reforma judicial [9]. Desde la perspectiva de «CONATRIB», el impulso por democratizar el poder judicial surgía de la necesidad de desmantelar estructuras institucionales anacrónicas y de saldar una deuda histórica pendiente con la ciudadanía. Para los colegios de abogados y las organizaciones jurídicas internacionales y nacionales, esta postura se percibía como un abandono de la autonomía profesional inherente al ejercicio del derecho y un riesgo latente a sus principios, generando una profunda desconfianza y fuertes cuestionamientos que día con día se responden bajo los resultados de la nueva corte.

Esta coyuntura crítica revela que las reformas actuales han ido más allá de meras enmiendas constitucionales; han fracturado, por completo, la propia identidad de la profesión jurídica organizada desde su base. La expulsión de la «Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos» (CONATRIB) constituye un claro ejemplo de esta profunda división en los círculos jurídicos propios y extranjeros: un conflicto entre quienes consideran esta reestructuración como un medio para atender las demandas públicas y quienes la perciben como la pérdida de los mecanismos de «pesos y contrapesos» esenciales para preservar el estado de derecho y una democracia liberal.

VI. EL NUEVO TABLERO DE AJEDREZ Y EL IMPERATIVO GENERACIONAL

La reforma judicial es una realidad normativa vigente en el ordenamiento mexicano [2]. Trabajar en el ámbito jurídico dentro de este nuevo panorama requiere una combinación de una sólida base profesional y ética acompañada de una profunda comprensión del entorno social.

Para evitar que la función judicial se convierta en una mera cáscara vacía, que muchos entes querrán usar, es importante que las próximas generaciones participen activamente en las labores de supervisión que llevan a cabo los comités de evaluación y exigir, con firmeza, altos estándares de competencia profesional. La realidad del poder judicial en México depende de la capacidad de integrar la excelencia procesal y la integridad ética en todos los tribunales y en cada uno de los casos.

NOTAS

[1] Kelsen, Hans, Teoría pura del derecho, trad. de Roberto Vernengo, 16a. ed., México, Porrúa, 2009, pp. 201-205.

[2] Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial, Diario Oficial de la Federación, México, 15 de septiembre de 2024.

[3] Zagrebelsky, Gustavo, El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, trad. de Marina Gascón, 10a. ed., Madrid, Trotta, 2011, pp. 42-45.

[4] Suprema Corte de Justicia de la Nación, Integración de los órganos del Poder Judicial de la Federación derivados del Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025, México, SCJN, 2025.

[5] Hamilton, Alexander, Madison, James y Jay, John, El federalista, trad. de Gustavo R. Velasco, 2a. ed., México, Fondo de Cultura Económica, 2014, No. LXXVIII, pp. 330-335.

[6] Cooter, Robert y Ulen, Thomas, Derecho y economía, trad. de Eduardo L. Suárez, 2a. ed., México, Fondo de Cultura Económica, 2016, pp. 22-28.

[7] Instituto de Investigaciones Jurídicas, Análisis sobre la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación, México, UNAM, 2024, pp. 15-18.

[8] Fix-Zamudio, Héctor y Valencia Carmona, Salvador, Derecho constitucional mexicano y comparado, 9a. ed., México, Porrúa, 2017, pp. 610-615.

[9] CONATRIB, Pronunciamiento institucional sobre la transformación del Poder Judicial de la Federación, Ciudad de México, Consejo Nacional de Abogados, 2024.

BIBLIOGRAFÍA

- Cooter, Robert y Ulen, Thomas, Derecho y economía, trad. de Eduardo L. Suárez, 2a. ed., México, Fondo de Cultura Económica, 2016. - Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial, Diario Oficial de la Federación, México, 15 de septiembre de 2024. - Fix-Zamudio, Héctor y Valencia Carmona, Salvador, Derecho constitucional mexicano y comparado, 9a. ed., México, Porrúa, 2017. - Hamilton, Alexander, Madison, James y Jay, John, El federalista, trad. de Gustavo R. Velasco, 2a. ed., México, Fondo de Cultura Económica, 2014. - Instituto de Investigaciones Jurídicas, Análisis sobre la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación, México, UNAM, 2024. - Kelsen, Hans, Teoría pura del derecho, trad. de Roberto Vernengo, 16a. ed., México, Porrúa, 2009. - Suprema Corte de Justicia de la Nación, Integración de los órganos del Poder Judicial de la Federación derivados del Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025, México, SCJN, 2025. - Zagrebelsky, Gustavo, El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, trad. de Marina Gascón, 10a. ed., Madrid, Trotta, 2011. - CONATRIB, Pronunciamiento institucional sobre la transformación del Poder Judicial de la Federación, Ciudad de México, Consejo Nacional de Abogados, 2024.

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